La provincia de Buenos Aires pide que se continúen investigando las torturas en Malvinas

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires reclamó ante la justicia que los delitos denunciados por excombatientes de Malvinas en relación a torturas recibidas en el marco de la guerra de Malvinas sean considerados "de lesa humanidad" y, por ende, "imprescriptibles" por constituir "graves violaciones a los derechos humanos".

Así lo planteó al participar de una audiencia convocada por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia para escuchar las posiciones de las partes en la causa que investiga las denuncias de torturas, a raíz de un recurso de apelación interpuesto por la defensa del exmilitar Gustavo Malacalza, que busca que se cierre el expediente, consignaron fuentes judiciales.

El organismo provincial ratificó ante esa instancia judicial que esos crímenes deben ser considerados "de lesa humanidad en tanto constituyen graves violaciones a los derechos humanos y, como tales, son imprescriptibles", según se indicó a través de un comunicado.

La Subsecretaría detalló que en la audiencia participó la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense que lleva adelante a través de la Dirección de Querellas en Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad, junto a integrantes del Centro de Ex Combatientes de Malvinas (Cecim) de La Plata.

Las querellas refutaron los argumentos de las defensas y ratificaron que "los aberrantes crímenes ocurridos en las islas deben ser considerados de lesa humanidad o, al menos, ser tenidos en cuenta como graves violaciones a los derechos humanos, motivos ambos que le otorgan la característica de imprescriptibles por los que deben ser investigados y juzgados".

Además, pusieron de relieve la responsabilidad internacional que acarrearía al Estado nacional que el Poder Judicial, siendo uno de sus tres poderes, no los investigue por revestir tal carácter.

De acuerdo al gobierno bonaerense, "el planteo de la acusación apuntó a revertir los argumentos de la defensa particular que buscan generar la construcción de un sentido común que intenta instalar la idea de que las múltiples denuncias se tienen sobre las torturas y vejámenes padecidos por los soldados conscriptos durante el período que estuvieron apostados en la Islas en el conflicto bélico ocurrido en el año 1982, no existieron y que, además, se encuentran prescriptos".

Desde la Subsecretaría se indicó que ello "se inscribe en el relato postdictatorial respecto del sistema nacional de represión y desaparición de opositores políticos que planteaba los hechos como supuestos 'excesos'".

Para la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Cecim, los hechos "no están en discusión", dado que "existe una cuantía importante de actas, documentos y un informe emanado por la propia Fuerza Armadas, donde se ratifican los dichos de los soldados".

Las querellas hicieron hincapié en la importancia "de poder entender los hechos que se investigan dentro de los procesos históricos en los que ocurrieron, y de no concebir a la Guerra de Malvinas como un episodio aislado de la historia: el conflicto armado hay que entenderlo enmarcado dentro del plan sistemático exterminio impuesto durante la última dictadura cívico-militar al mando de la misma Fuerzas Armadas que fue al conflicto del Atlántico Sur, que hambreó, debilitó y torturó a su propia tropa".

"Decir que esos son delitos prescritos implica debilitar las instituciones democráticas, y sobretodo avasallar la subjetividad nacional, negando el derecho a la Verdad y el efectivo acceso a la justicia, palabras que no solo son banderas de los organismos de derechos humanos sino absolutamente necesarios para poder ser resguardar la memoria social", se indicó. (Télam)

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